Policías de NJ no pueden compartir información de inmigración con los federales

La Directiva de Confianza para Inmigrantes de New Jersey, a través de una orden ha restringido a las autoridades de compartir información de los inmigrantes con oficiales federales, esta decisión ha sido apoyada por una corte de apelaciones federal y da por terminada la batalla legal entre el estado y los dos condados. 

El panel de tres jueces negó los argumentos de los condados en donde mencionan que la ley federal evita que Nueva Jersey implemente la directiva, en la cual los defensores de los migrantes dicen que ha sido vital para proteger a la comunidad de migrantes indocumentados ante una deportación. 

“La Directiva de Confianza para Inmigrantes ha sido uno de los pasos más significativos que nuestro estado ha tomado para mantener a las familias de los inmigrantes seguras durante un tiempo en donde el aumento de las  deportaciones por parte de ICE ha atemorizado a nuestras comunidades,” menciona Sara Cullinane, directora de Make the Road New Jersey,  organización defensora de los migrantes latinos localizada en Elizabeth. “El Tercer Circuito ha mantenido lo que sabemos – nosotros estamos más seguros cuando nuestros policías no están para distanciar familias por medio de la deportación”. 

El fiscal general interino Andrew Bruck dijo el lunes que él espera que la decisión “traiga un fin a este litigio que ha tomado años, mientras se continúa haciendo el trabajo duro para promover el buen manejo de las políticas policiales’’. 

“Los residentes de Nueva Jersey nunca deberían estar asustados de interactuar con los policías, creyendo que esto los podría llevar a la deportación, al momento de ser víctimas o testigos,” mencionó. 

Cuando el entonces Fiscal General, Gurbir Grewal, anunció la norma en noviembre del 2018, él declaró que era una iniciativa “pro-inmigrante y a favor de la aplicación de la ley” la cual veía como el reparo de la confianza entre las comunidades inmigrantes y los oficiales locales. Esto bloquea que las agencias de la ley pregunten a las personas sobre su estatus migratorio o de ayudar a los agentes de inmigracion y aduanas en la detención de ellos. 

Dicha medida, entró en efecto en marzo del 2019, y fue revisada después ese mismo año para prohibir que el departamento del alguacil extendiera el acuerdo 287(g), el cual permitía a los oficiales actuar como agentes de inmigracion en las cárceles. 

La gerencia permitía que inmigrantes indocumentados que recibieron cargos por ciertos crímenes, fueran entregados a oficiales de ICE, pero solamente si los agentes recogían a las personas el mismo día que eran liberados de la cárcel. 

La Junta de Comisionados del Condado de Ocean y el alguacil de Cape May, Robert Nolan, desafiaron la orden, argumentando que obstruía la ley federal, especialmente la ley de inmigracion y naturalizacion. Fue después cuando el Departamento de Justicia, durante el mandato del presidente Trump, se unió a la demanda y realizó su propia querella. 

Un juez federal desestimó los reclamos en julio del 2020, lo cual los condados apelaron. El lunes, el Tercer Circuito anunció su resolución en un documento de 13 páginas de opinión.

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