Advertencia de inmigración no es necesaria en el interrogatorio policial

La policía no tiene que, y no debe, informar a los sospechosos que su cooperación podría afectar su estatus migratorio, dictaminó el viernes un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey.

El juez del Tribunal Superior Richard J. Geiger, escribiendo para un panel de apelaciones de tres jueces, estuvo de acuerdo con el fallo de un tribunal inferior de que una advertencia de Miranda, en la que la policía informa a los sospechosos sobre sus derechos a permanecer en silencio y obtener un abogado, es protección suficiente para las personas que están siendo interrogadas.

Los oficiales no tienen el deber de decirles a los sospechosos, inmigrantes indocumentados, que deben consultar con un abogado de inmigración antes de cooperar con los investigadores, ni tampoco el advertir a los sospechosos que sus declaraciones podrían resultar en la deportación u otra acción inmigratoria en su contra, agregó Geiger.

“Los agentes del orden público no pueden ni deben esperar que predigan con precisión el impacto migratorio de la declaración de un sospechoso sobre posibles cargos que aún ni siquiera se han presentado”, escribió Geiger.

Dada la imprevisibilidad inherente de las decisiones de aplicación de la ley de inmigración y las políticas federales cambiantes, los agentes de la ley actúan bajo su propio riesgo, y pueden poner en peligro la admisibilidad de una confesión voluntaria y consciente, al prever o comentar si el interrogado puede ser deportado, escribió.

La decisión surgió de una apelación de Néstor Francisco, un inmigrante indocumentado de República Dominicana quien fue condenado por un asesinato en 2015 en Newark.

Stefan Van Jura es el asistente del defensor público adjunto que representa a Francisco. Dijo que solicitará a la Corte Suprema del estado que revise el caso, pero se negó a hacer más comentarios.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General se negó a comentar.

El asesinato de 2015

Francisco hizo trabajos de construcción para una pareja en su edificio de Newark y mató a Charles Jeffrey, el anciano esposo, después de que la pareja lo acusara de robar joyas y zapatos, según documentos judiciales.

Cuando la policía identificó a Francisco como sospechoso por primera vez, un detective de la policía de Newark le leyó sus derechos en español, su idioma nativo, y Francisco renunció a su derecho a un abogado y accedió a hablar con los investigadores, según documentos judiciales.

Al comienzo en el interrogatorio de una hora, Francisco expresó su preocupación por su condición de indocumentado y un detective le dijo: “Su condición no tiene nada que ver con esto. No voy a hacer preguntas sobre su estatus, o cómo llegó a este país. Absolutamente nada.”

Francisco luego admitió su participación en el asesinato, pero alegó defensa propia. Posteriormente, un gran jurado lo acusó y, en el juicio, un jurado rechazó su alegato de defensa propia y lo condenó por asesinato, delitos con armas, robo y manipulación de pruebas.

Un juez lo condenó a 50 años de prisión y las autoridades federales de inmigración presentaron una orden de detención de inmigración en su contra.

Francisco apeló su condena y sentencia, diciendo que los detectives lo engañaron con que su cooperación no afectaría su estatus migratorio y que, en consecuencia, sus declaraciones a la policía deberían haber sido inadmisibles.

Pero en el fallo del viernes, Geiger afirmó tanto la condena como la sentencia, diciendo que la policía de Newark leyó correctamente a Francisco sus derechos Miranda y que Francisco renunció a esos derechos de manera consciente, inteligente y voluntaria antes de hacer su declaración.

Geiger citó la directiva de fideicomiso de inmigrantes de 2018 del fiscal general del estado, que prohíbe a la policía compartir información con las autoridades federales de inmigración, como otra razón por la cual la policía no debe abordar la inmigración con sospechosos. La policía no puede dar consejos de inmigración a los sospechosos porque, debido a la directiva, reciben poca o ninguna capacitación sobre la ley de inmigración, dijo Geiger.

“La directiva impone numerosas limitaciones a las agencias de aplicación de la ley y a los oficiales que ayudan a las autoridades federales de inmigración a hacer cumplir la ley federal de inmigración”, escribió. “En resumen, las agencias y los oficiales encargados de hacer cumplir la ley no deben ayudar a las autoridades federales de inmigración a menos que la ley así lo exija”.

Si los sospechosos plantean inquietudes de inmigración, los oficiales solo pueden recordarles que la policía no puede brindar asesoramiento legal y que los interrogados tienen derecho a un abogado, agregó Geiger.

“La única forma segura de evitar dar información o consejos incorrectos es no dar ningún consejo sobre condiciones migratorias o las consecuencias”, escribió Geiger. “El punto simplemente es que la mejor manera de salvaguardar el derecho constitucional de un interrogado a permanecer en silencio es que los interrogadores policiales permanezcan en silencio en cuanto a las leyes federales de inmigración y las prácticas de su cumplimiento”.

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