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NJ se estanca en la distribución de ayuda para pagar las facturas del agua
La mayor parte de los $24 millones que las autoridades federales dieron a Nueva Jersey para pagar las facturas de agua y alcantarillado de los residentes de bajos ingresos no se ha distribuido, a pesar de que casi 140,000 hogares en todo el estado tienen millones de dólares en pagos atrasados. (Foto por New Jersey Monitor)
Casi siete meses después de que el estado lanzara un programa de $24 millones para ayudar a los residentes de bajos ingresos a pagar sus facturas de agua, el 95 % del dinero sigue sin gastarse, incluso cuando más de 100,000 hogares en todo el estado tiene una deuda de $40 millones en facturas de agua que no han sido pagadas.
Nueva Jersey fue uno de los últimos estados en lanzar su programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos, financiado con más de $1.1 mil millones en el Plan Federal de Rescate Estadounidense otorgado a los estados para ayudar a los residentes con dificultades a pagar sus facturas, evitar cortes y restaurar el servicio interrumpido.
Desde el lanzamiento del programa estatal en marzo, ha pagado solo $1.2 millones para cubrir las facturas de agua y alcantarillado atrasadas de 1448 hogares, según el Departamento de Asuntos Comunitarios del estado, que administra el programa.
“Ha sido un despliegue muy lento”, dijo Larry Levine, abogado principal del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, que ha presionado a los legisladores para crear un programa permanente de asistencia de agua para residentes de bajos ingresos. “El número de solicitudes es bastante bajo, lo que no refleja el nivel de necesidad”.
Casi 140,000 hogares están al menos un mes atrasados en el pago de más de $42.5 millones en facturas de agua, con casi el 60% de esos atrasos que son de al menos cuatro meses atrasados, según los datos estatales más recientes de mayo. Eso es un 23% más que los $34,4 millones que los clientes residenciales debían en atrasos en el pago del agua un año antes, según muestran los datos. Y esos datos son solo de sistemas propiedad de inversionistas, que atienden al 40% de la población, por lo que es probable que los atrasos reales sean mucho más altos.
Los defensores culpan a la creciente inasequibilidad de la pandemia, la inflación y el aumento de los costos de reparación de la infraestructura vieja de agua.
La portavoz del Departamento de Asuntos Comunitarios, Lisa Ryan, atribuyó la lenta implementación a varios “obstáculos”:
- La mayoría de los servicios públicos municipales no han aceptado participar y no han firmado los acuerdos de confidencialidad y de proveedores requeridos. De casi 600 empresas de servicios públicos de agua y alcantarillado, solo 102 están participando.
- Los servicios públicos han tardado en confirmar los saldos pendientes de los residentes, como se requiere antes de que el departamento pueda enviar el pago.
- El programa ha recibido solicitudes de residentes cuyas facturas de servicios públicos están a nombre de su arrendador, en lugar de a nombre de ellos, como lo exige el programa.
Ryan dijo que su departamento se ha estado comunicando con los municipios para alentar la participación y se unió a seminarios web organizados por grupos de defensa dirigidos a ciudades que aún no se han inscrito. La oficina del gobernador se unió recientemente a ese alcance, lo que ha instado a más municipios a participar, agregó.
Levine calificó la falta de participación de las empresas de servicios públicos como especialmente preocupante.
“Eso deja a todos los que reciben servicios de un sistema que no se ha registrado sin la capacidad de acceder a estos fondos”, dijo.
Los residentes no deberían tener que preocuparse por los cortes de agua durante el invierno si no pueden pagar sus facturas, al menos en teoría.
En diciembre, los legisladores ordenaron al Departamento de Asuntos Comunitarios que agregara a los clientes de los sistemas de agua de propiedad pública al “Programa de Terminación de Invierno”, que prohíbe los cortes de gas y electricidad desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo. Los legisladores establecieron un plazo de 120 días para que el departamento dictara el reglamento por el que se establece el programa.
Ese plazo venció en abril, pero aún no se han propuesto regulaciones. Ryan dijo el miércoles que el departamento espera publicar esas regulaciones el próximo mes.
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